28/11/2017

La industria de la música protesta contra un proyecto de ley

Internet, divino tesoro.

Churi Molinas
ley

Desde la aprobación de la ley que creó el Inamu, en 2012, la relación entre la actividad legislativa y la música fue prácticamente inexistente... hasta la semana pasada.

A través de una solicitada en el diario La Nación, Capif -la cámara que agrupa a los sellos discográficos argentinos- denunció que la Cámara de Diputados estaba por aprobar un proyecto de ley que va en contra de "los derechos personalísimos de los ciudadanos y de las creaciones protegidas por la propiedad intelectual", exigiendo "un debate abierto y de amplia participación" sobre el tema.

Desde entonces y hasta hoy la presión siguió en aumento, al punto de que una veintena de asociaciones ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para plantear su "completa negativa" al texto.

Letra fina

Federico Pinedo, uno de los autores del proyecto, con el presidente Mauricio Macri en una foto de 2011 (Mónica Martínez / GCBA)

El proyecto es la unión de dos iniciativas presentadas por separado por los senadores Federico Pinedo (Pro - CABA) y Liliana Fellner (FpV - Jujuy), y recibió media sanción en 2016. Para el investigador Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles, la iniciativa busca regular dos situaciones a la vez: "el poder de los gobiernos para controlar -directa o indirectamente- la información en internet y la capacidad de las plataformas privadas para ejercer ese mismo control de manera autónoma", según escribió en un post publicado en el sitio web de la entidad.

Según el texto, se consideran como "proveedores de servicios de internet" a empresas muy disímiles: quienes brindan acceso a la red (Fibertel, Arnet...), los buscadores (Google, Bing), las plataformas en las que cualquier usuario puede subir información (Facebook, YouTube) o los servicios de comercio electrónico, entre otros.

Así, se prevé que esas empresas "no serán responsables por los contenidos generados por terceros" ni "tendrán en ningún caso la obligación de monitorear o supervisar" esos datos. Sin embargo, "toda persona podrá promover una acción de amparo ante el juez federal con competencia en su domicilio" para pedir la eliminación o bloqueo de esos contenidos. Si el magistrado considera que deben ser removidos, notificará a las empresas para que lo ejecuten, iniciando a partir de ese momento lo que se denomina "conocimiento efectivo" por parte de las compañías. En caso de que no lo hagan, ahí sí podrán ser sancionadas.

En contra

Javier Delupí, de Capif.

"Creemos que el proyecto es lesivo de los derechos individuales y en esa línea, también de los titulares de derechos de propiedad intelectual en la música", le dijo a Silencio Javier Delupí, director ejecutivo de Capif. "Por ejemplo, si yo subo un video que no está licenciado para estar en YouTube, [el artista] le va a reclamar a YouTube y YouTube le va a decir 'mire, yo no soy responsable, dígale a un juez que me diga que este video no corresponde a quien lo subió y que yo lo tengo que bajar'", agregó.

"El derecho de libertad de expresión es una mera excusa para poner a disposición los contenidos en el modelo de publicidad", añadió el directivo, e ilustró: "Si a mí una noticia me produce visitas por el modelo de publicidad, por qué yo me tengo que poner a controlar, si a mí me va bien? ¿Qué me importa si son legales o ilegales? ¡Saquemos una ley que diga que yo no soy responsable!"

Para Delupí, los juzgados se van a convertir en "centros de atención al cliente" de empresas como Google o Facebook. "Imaginémonos el costo individual que va a tener bajar algo que lesiona nuestra intimidad si tenemos que reclamar ante un juez. Cuánto vamos a demorar... Para nosotros es muy preocupante".

En un comunicado enviado a este medio, la Fundación El Libro se refirió al proyecto en términos similares a los planteados por Capif. Para la entidad, conformada por distintas cámaras que agrupan a autores, editores e imprenteros, la iniciativa está "hecha a medida para las más importantes plataformas de la red" e "impedirá que autores y editores defiendan sus derechos, por los que invirtieron creación, tiempo y esfuerzo". "Cuiden a sus creadores. La cultura siempre ha colaborado en hacer grande una nación", reclamó Argentores en otra carta.

A favor

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre.

Cabase, la cámara que reúne a Google y MercadoLibre con cooperativas telefónicas del interior, indicó que se trata de "una norma fundamental" que "salda una vieja deuda en materia legislativa en nuestro país". "Esta ley permitirá contar con un marco de reglas claras que favorecerá la llegada de mayores inversiones", comentó su presidente, Ariel Graizer.

Un grupo de organizaciones civiles que trabajan sobre temáticas de derechos fundamentales y políticas públicas en internet también indicó su apoyo al proyecto. "Es lo que corresponde: cuando 'hay baja' de un contenido, que es esencialmente una acción de censura, tiene que ser solamente bajo estricta orden judicial. Eso es lo que manda la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 habla de 'responsabilidades ulteriores' de quien viole la ley. Toda la doctrina de libertad de expresión marca eso", le aseguró a Silencio Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, una de las siete entidades que firmó una carta recomendando a la Cámara baja la aprobación de la iniciativa.

"Uno no puede atribuir a un privado la definición de qué es lícito o qué es ilícito. Es una atribución exclusiva de la Justicia", remarcó, a la vez que alertó: "No es automático detectar cuando un contenido es ilícito. ¿Qué pasa con una parodia? ¿Qué pasa con un mashup? ¿Qué pasa con un remix? ¿Qué pasa con una cita periodística?".

Según Busaniche, "hace falta mucha más formación, mucha mejor formación o más diversidad de formación, pero los juzgados están recibiendo demandas permanentemente vinculadas con propiedad intelectual. Si una denuncia recae en el fuero penal, el sistema penal debería estar preparado para afrontarlo. Si el sistema penal no está preparado para afrontarlo, quizás haya que empezar a pensar si una infracción de la propiedad intelectual tiene que estar en el fuero penal".

Derechos y responsabilidades

(Ajel / Pixabay)

Con dos posturas tan disímiles, ¿quién tiene razón? "No puede haber blanco sobre negro: como hay derechos constitucionales en juego, la interpretación no puede llevar a sacrificar un derecho en pos del otro", advierte Gustavo Atta, abogado especialista en derecho de alta tecnología. "Si yo soy víctima de un ataque, de una difusión indebida de imagen de mi persona, condenarme a tener que ir a buscar una orden judicial es excesivo: si yo te mando una carta documento, te individualizo el contenido y este es manifiestamente ilícito, vos no tenés necesidad de consultar con nadie para saber si lo tenés que bajar o no".

La división se plantea, para Atta, en el tipo del contenido. "Algo manifiestamente ilícito es pornografía infantil, apología del delito o del odio racial, violaciones a la intimidad o afectaciones graves al honor. Todos esos asuntos deberían ser objeto de una notificación fehaciente del afectado, y con eso deberías bajarlo. Para todos los demás casos no me parece mal que tengan una orden judicial, inclusive los de propiedad intelectual, porque podría ocurrir que exista un contenido que se esté difundiendo en internet y el buscador no tenga manera de saber si es de tu titularidad o si es de titularidad de otro", detalla.

Alrededor del globo, las legislaciones varían entre la ley DMCA de EE.UU. -que permite denunciar un contenido con copyright de forma sencilla, obligando a los proveedores de internet a la baja temporaria y recién después darle intervención a aquel que lo subió- y la normativa chilena -que exige una orden judicial, de forma similar a la de la iniciativa de Pinedo y Fellner-. Las opciones intermedias incluyen, en el caso de Europa, la posibilidad de que una 'autoridad administrativa' (un organismo estatal, similar a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales argentina) sea quien emita las notificaciones.

Sin fecha prevista para el tratamiento en el recinto, el futuro del proyecto es una incógnita. Al estar Cambiemos y el Frente para la Victoria entre los firmantes, su aprobación debería darse por descontada, incluso tras el recambio de bancas del 10 de diciembre. En cambio, si un diputado propone modificaciones basadas o no en el lobby de las cámaras empresarias, el texto deberá volver al Senado para su revisión, pateando la definición hasta después del receso estival. Será cuestión de esperar... o de hacer apuestas.